
Empleados Judiciales realizarán esta semana un paro que comenzará el miércoles 23 a partir de las 10 por el reclamo constante de regularizar su situación laboral con la recomposición salarial exigida desde este sector. Frente a las numerosas criticas vertidas al gremio de empleados judiciales por parte de diferentes sectores, la titular de S.E.J.Ch, Graciela Aranda afirmó, mediante un comunicado la postura y fundamentación de los motivos que los llevan a tomar medidas de huelga con ausencia en los lugares de trabajo.
“Consideramos necesario manifestar que estamos siendo empujados por un poder político insensible, que si bien conoce la afligente situación que atraviesa el personal judicial, no ha dado muestras de generar políticas activas que brinden una solución de fondo. Es necesario que la comunidad conozca, que el trabajador se encuentra sometido a un Reglamento del tiempo de la dictadura militar que obliga a los compañeros a trabajar –gratis- dos horas diarias que en los hechos son muchas más, por encima de su jornada laboral, y además habilita a sus superiores a aplicar sanciones en el caso que se retiren sin concluir la tarea diaria”, consideró Aranda.
Respecto a la situación de los trabajadores, el gremio aclara que “no percibimos bonificaciones, no tenemos fondo estímulo, no cobramos horas extras, no se respeta la jornada obligatoria de descanso. no cobramos por incompatibilidad, ni riesgo alguno de salud, ni adicionales, ni zona desfavorable, etc. Estas condiciones en las que prestamos servicios se agravan porque convivimos con una justicia colapsada, abarrotada de trámites provocando una sobrecarga del personal que se ve afectado en su salud física y emocional por las presiones al que se encuentra sometido”.
“Son muchos años de reclamos desoídos. Agravándose esta situación, cuando llega a fin de mes y el salario no alcanza, ya que el mismo hace más de dos años quedó congelado, y los precios siguen en Alza cada día. Toda esta problemática hemos explicado, en reiteradas oportunidades tanto a nuestra patronal, a los bloques políticos de la legislatura provincial, como al mismo Gobernador de la Provincia. Sin embargo en todo este tiempo han hecho oído sordo a nuestros reclamos, por ello decimos que no nos han dejado otra opción más que definir un plan de lucha con el propósito, de promover acciones efectivas a fin de que sensibilicen a los tres poderes y encontrar juntos la salida a este conflicto”.
El comunicado fundamenta además la constitucionalidad de las acciones tomados desde el gremio, explicando que “nuestra entidad sindical, Sindicato de Empleados Judiciales del Chaco, (S.E.J.Ch.), con personería gremial, como resultado de las conquistas gremiales de los trabajadores, es titular de un derecho inalienable: el derecho de huelga, garantizado por nuestra Constitución Nacional y por la Provincial, como camino para alcanzar la reivindicación y la promoción de sus derechos. Desconocer o limitar este derecho, o manipularlo según las necesidades de quienes se consideran afectados, significa violar nuestros valores democráticos poniendo en peligro nuestros principios republicanos. El derecho de huelga como derecho colectivo es uno de los instrumentos más eficaces custodiados por los trabajadores como herramienta para la defensa de sus legítimos intereses”.
“El Estado, no debe soslayar el cumplimiento de sus deberes referentes a la instrumentación de las condiciones necesarias para revertir la crisis del sistema o incurrir en el error de tomar el camino fácil de poner como excusa a una huelga para esconder las falencias de los órganos políticos de la provincia quienes son los únicos responsables de forjar una solución que permita asegurar el respeto al derecho a un salario justo, a condiciones dignas de labor.
Esta crisis, es de vieja data pero parece que las asociaciones y colegios de abogados, recién las conocen, olvidando que todos somos trabajadores y todos tenemos derechos”, afirma la secretaria general del S.E.J.Ch.
“El ejercicio del derecho a huelga no es la causa de la crisis, sólo desnuda una realidad que muchos pretenden esconder, y muestra los privilegios que tienen algunos y las injusticias que viven otros. Es vergonzante que como comunidad por una parte se proclame que se restablezca el normal funcionamiento del poder judicial, prestación adecuada del servicio de justicia, acceso a la justicia y respeto al derecho a trabajar de los profesionales. Y que todas estas proclamas se diluyan en el espacio de la indiferencia social, porque se pretende sepultar los derechos sin importar el costo que implica para el trabajador que es el que sostiene el servicio de justicia”
“Esta es la visión que debemos tener como comunidad y comprender que ir a huelga es la única herramienta que queda en ciertas circunstancias para defender los derechos fundamentales que tiene el trabajador, y en nuestro caso nuestros representados los trabajadores judiciales”, concluye el documento presentado por Graciela Aranda, Secretaria General del Sindicato de Empleados Judiciales.
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